En Madrid, bochorno y en Baleares, silencio

Mientras los cimientos de la Real Federación Española de Fútbol desprenden la arenilla de su argamasa por los cuatro costados, conviene no olvidar en qué condiciones rigen aquellos que se apresuraron a ocupar sillones vacíos de contenido pero forrados de oportunidades por desempolvar. Tanto en Las Rozas como en Son Malferit el mismo sistema: una gestora que no actúa como tal y que debiera haber convocado elecciones hace tiempo, amparada en la condescendencia, no siempre ajustada al reglamento, del CSD en Madrid y de la Dirección General de Deportes del Govern Balear, ya sea con el color rojo de la izquierda o el azul de la derecha.

Desde posiciones sino antireglamentarias claramente provisionales, se han tomado decisiones contractuales impropias dentro del estrecho margen de maniobra aplicable en situaciones transitorias y eventuales que han ido desde la renovación del seleccionador nacional y otros cargos o, en común a la aprobación de salarios que en el ejemplo del señor Rocha se aproximan a los 700.000 euros y en el del señor Sansó, a más de 100.000, cuando la FFIB es la duodécima en número de licencias entre las 19 territoriales en ejercicio, es decir de tercera categoría.

Copio literalmente que «una Federación no deja de ser una entidad privada, pero que quienes la presiden ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores de la Administración Pública. Es decir, aquellos quienes las dirigen han llegado hasta ahí sin arriesgar su capital y, además, manejan uno de los principales activos de nuestro país: el potencial de nuestros deportistas».